Paramilitares participando en un acto de desmovilización. Muchas organizaciones de Derechos Humanos apuntan que se trató de un montaje y que siguen actuando ahora bajo el nombre de Águilas Negras.
Colombia: El gobierno que obstaculiza la justicia. Así se titula el último informe de Human Rights Watch. Según las investigaciones de esta organización, la más respetada internacionalmente junto a Amnistía Internacional en materia de Derechos Humanos, el gobierno del presidente Uribe "ha tomado acciones y medidas que amenazan con frustrar estos avances, entre las cuales se incluyen:
• Reiteradamente proferir ataques personales públicos contra la Corte Suprema y sus miembros, en algunos casos formulando acusaciones que luego han resultado ser infundadas, en lo que se percibe cada vez más claramente como una campaña para desacreditar a la Corte.
• Proponer reformas constitucionales que retirarían las investigaciones sobre la denominada “parapolítica” de la competencia de la Corte Suprema.
• Objetar y trabar iniciativas significativas de reforma del Congreso dirigidas a poner fin a la influencia paramilitar en esa institución.
Además, la extradición a los Estados Unidos de varios de los principales jefes paramilitares, en el momento en que algunos de ellos estaban comenzando a hablar sobre su responsabilidad y la de sus cómplices en violaciones de derechos humanos, ha interrumpido investigaciones en curso en Colombia. Las extradiciones son positivas en tanto puedan quebrantar las cadenas de mando de estos grupos e incrementar la posibilidad de que estos jefes cumplan largas penas de prisión por sus delitos de narcotráfico, pero podrían significar un golpe fatal para el juzgamiento de atrocidades en Colombia.
Los paramilitares colombianos han cometido delitos de lesa humanidad y otras atrocidades, entre las cuales se cuentan miles de asesinatos, masacres, amenazas, desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado de civiles. Han acumulado un inmenso patrimonio y una fuerte influencia, en parte a través de alianzas mafiosas con miembros de las fuerzas militares, políticos y sectores empresariales.
En los dos últimos años, la Corte Suprema de Colombia ha logrado avances sin precedentes en la investigación de las denuncias de colaboración de los miembros del Congreso colombiano con los paramilitares. Más de 60 congresistas, casi todos ellos pertenecientes a la coalición de Uribe, están siendo investigados. Y, en confesiones ante fiscales, los jefes paramilitares han comenzado a revelar información sobre algunas de las atrocidades que cometieron y a nombrar a sus cómplices en la esfera política y dentro de las fuerzas militares".
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